La fundación IFARMA comparte sus dudas y preocupaciones sobre el Proyecto de Ley 177/2026, uno de los primeros presentados por el Gobierno al Congreso de la República con mensaje de urgencia, lo que deja la impresión de que se busca cumplir compromisos preelectorales.
La sociedad civil saluda y respalda el interés de facilitar, simplificar y agilizar la creación y la liquidación de empresas en el país, así como de reducir los costos de estos procesos, especialmente para los microempresarios. Asimismo, reconoce el propósito de mejorar la competitividad que la iniciativa expresa en su título y en su exposición de motivos.
Expresamos nuestras dudas sobre la necesidad de una ley de esta naturaleza, cuando la gran mayoría de las definiciones y prescripciones legales que incorpora el proyecto ya existen en la normativa colombiana, como resultado de la abundante regulación antitrámites de los últimos 20 años. Ponemos énfasis en las normas sanitarias, pues las autoridades regulatorias, en especial el ICA y el INVIMA, ya han implementado las actuaciones que el proyecto plantea: la interoperabilidad de los sistemas de información en los ámbitos nacional e internacional; el enfoque de riesgo para priorizar trámites; la incorporación de tecnología; la simplificación; y, especialmente, la firma de memorandos de entendimiento con otras agencias regulatorias sanitarias y el uso de decisiones de agencias de referencia para agilizar las decisiones regulatorias locales.
El ICA, con la plataforma SIMPLIFICA, y el INVIMA, con INVIMÁGIL, han implementado todas las disposiciones que la ley pretende incorporar, lo que la haría inútil, ineficiente y redundante.
Nos preocupa que, como ya ha sucedido en países con orientaciones políticas similares a la del Gobierno actual, se busque incorporar disposiciones que privilegien el ingreso rápido de productos importados aprobados en países desarrollados mediante mecanismos abreviados o condicionados. Resulta contradictorio que una ley que busca mejorar la competitividad de los productos colombianos pueda terminar favoreciendo a los productos importados.
No se puede llamar “competitividad” a una reforma que no fortalece la producción nacional ni las capacidades del Estado. La sociedad civil advierte que el Proyecto de Ley de Competitividad parte de una premisa equivocada: en lugar de resolver los problemas estructurales que impiden que Colombia produzca, investigue e innove con mayor capacidad, el proyecto plantea cambios que pueden terminar favoreciendo a quienes ya concentran poder en el mercado.
La preocupación se concentra en el uso de decisiones de agencias regulatorias extranjeras para facilitar el ingreso de productos importados de alto costo, especialmente los aprobados por la autoridad sanitaria estadounidense, la FDA, y aquellos autorizados mediante mecanismos acelerados. Si el reconocimiento de esas decisiones sustituye la evaluación propia, el INVIMA puede perder capacidad técnica y autonomía para examinar la evidencia y decidir sobre los productos que ingresan al país. Ese es el riesgo de debilitamiento que debe examinarse.
Si el propósito es realmente hacer más competitivo al país, la prioridad debería ser fortalecer la industria nacional, promover la transferencia de tecnología, reducir la dependencia de proveedores externos y desarrollar capacidades científicas y productivas propias. Esto exige fortalecer al INVIMA (en contravía de lo planteado en los artículos 11 al 15 del proyecto), dotándolo de los recursos, las capacidades técnicas y la autonomía necesarios para ejercer una regulación sanitaria rigurosa y proteger el interés público.
Colombia no necesita una competitividad construida sobre la reducción de controles o el debilitamiento de sus instituciones; necesita un Estado con mayor capacidad para producir, regular, negociar y garantizar el acceso a bienes esenciales. Por eso, este proyecto debe revisarse de fondo: la competitividad no puede convertirse en una puerta trasera para desregular, concentrar mercados o ampliar privilegios privados mientras se dejan de lado la soberanía sanitaria y la capacidad productiva del país.