El objetivo de la presente nota de prensa, destinada a periodistas, líderes de opinión y comunidad en general, es: (1) Informar sobre la importancia de la licencia obligatoria para el dolutegravir concedida al Ministerio de Salud en Colombia. (2) Respaldar el avance expedito del Ministerio de Salud y Protección Social con la compra del medicamento. (3) Invitar públicamente a AFIDRO y a los titulares de la patente del dolutegravir en Colombia a cesar la presión jurídica que están ejerciendo en contra del proceso.

La salud es uno de los derechos más importantes que tenemos como personas por la directa conexión que tiene con nuestra vida y el pleno disfrute de ella. Sin embargo, el sistema de salud colombiano es deficiente, con graves casos de corrupción, y con pocas garantías.

El pasado jueves 6 de mayo, el mundo fue sorprendido por un mensaje de la directora de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el que informó que ese país apoyaba la negociación de la excepción a los derechos de protección de patente para las vacunas contra COVID-19.

El pasado 26 de marzo, se llevó el cabo un seminario web “Propiedad intelectual, ciencia abierta y acceso al conocimiento relevante para la salud pública”, que tuvo como protagonista a Alexandra Elbakyan, creadora de la plataforma Sci-hub, una iniciativa de acceso libre al conocimiento que desafía la protección de derechos de autor (copyright). El seminario fue organizado por UAEM Colombia, la Fundación Karisma y la Fundación IFARMA.

El Texto propuesto para primer debate, en Sesiones Séptimas Conjuntas, al Proyecto de Ley 10 de 2020 Senado – 425 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social de conformidad con la ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema de Salud”, incluye un artículo sobre el que pretendemos alertar a todos los ciudadanos, que se podría describir así:

De cómo burlar el derecho fundamental a la salud, burlar al mismo tiempo a la Corte Constitucional y la ley Estatutaria, acabar con la seguridad social en salud y la seguridad financiera de las familias colombianas frente a la enfermedad

“… la intención de resolver la peor pandemia en la historia del género humano de una manera solidaria, equitativa, basada en los valores de la dignidad humana […] fue aplastada por la ambición y el poder del dinero.” El domingo 21 de febrero con el título “Hay que cuidar la esperanza que llegó con las vacunas”, el diario El Espectador* editorializaba con sentido de urgencia la necesidad de defender las vacunas de las falsas noticias y los falsos rumores, que aprovechando la enorme posibilidad de difusión que ofrecen las redes sociales, rondan ese mundo que tanta independencia y tanta pluralidad ha producido, pero al mismo tiempo que ha servido para tanta campaña política, tanta manipulación de la opinión y tanto bullying.   Con la intención de contrarrestar los riesgos de campañas contra las vacunas basadas en la explotación de los miedos, especialmente los ‘construidos` sobre la base de truculentas teorías de la conspiración, el editorial recomienda al gobierno el buen uso de la ciencia y el del aparato estatal de comunicaciones para cuidar la esperanza. Y le llama la atención sobre los excesos de utilización política y de imagen alrededor de las primeras dosis de vacunas que, definitivamente, no ayudan. ​Hasta

Las diversas y variadas interpretaciones que conocemos, sobre las diferencias en el número de muertes por COVID-19 en los distintos países y regiones del mundo, nos dejan un sabor a pobreza de análisis, que no es fácil de entender transcurrido un año de pandemia y ante la magnitud de la crisis, que ya contabiliza dos millones y medio de muertes.

Desde finales de los años setenta, hizo fama -al tiempo que se convirtió en objeto de burlas-, una frase de campaña del presidente Turbay, con la que anunciaba reduciría la corrupción “a sus justas proporciones”. Cuarenta años más tarde, llegamos a descubrir que uno de los más reconocidos pensadores del siglo XX, Foucault, señalaba que reducir la criminalidad a sus justas proporciones era, precisamente, entender la nueva forma de gubernamentalidad del Estado, que afirmó el liberalismo económico, a partir de principios utilitaristas.

Suiza haría bien en seguir el llamado de la sociedad civil y de la OMS en apoyar la petición de suspensión temporal del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual para los productos para la lucha contra la COVID 19, como lo estipulan las reglas de la OMC en situaciones excepcionales, escriben la exconsejera federal y el experto en políticas de salud Patrick Durish.

Médicos Sin Marca se ha undio al Grupo Académico de epidemiología clínica y a la Unidad de evidencia y deliberación para la toma de decisiones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Antioquia, para expresar profundas angustias por la forma en que se están manejando nuestras expectativas y nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras desesperanzas, ante la novena pandemia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra y que todo dindica que no será la última.